Riesgos de tortura y de pena de muerte en China

La máxima autoridad de la acusación pública en China, la Fiscalía Popular Suprema, reconoció esta semana, en una declaración oficial, la existencia de casos de tortura y de detención ilegal en el sistema judicial del país, y se comprometió a luchar contra estos abusos.

Se trata de una traducción al español de un artículo publicado exclusivamente en chino por RFI (Radio France Internationale), un medio estatal francés financiado por el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores.

Artículo original (en chino):

https://www.rfi.fr/cn/中国/20250626-中国成立最高检检察侦查厅-承认司法系统存在酷刑和非法拘禁

Publicado el 26 de junio de 2025 a las 17:04 (hora de Pekín, GMT+8)

Actualizado el 26 de junio de 2025 a las 21:37 (hora de Pekín, GMT+8)

Según un anuncio publicado el 24 de junio en el sitio web oficial de la Fiscalía Popular Suprema china, se ha creado oficialmente una sección de investigación. Este órgano se encarga de investigar los delitos cometidos por agentes judiciales que han abusado de su autoridad —detenciones ilegales, torturas durante los interrogatorios, registros abusivos—, actos todos ellos que vulneran los derechos de los ciudadanos y comprometen la equidad judicial. También es competente para tramitar los asuntos penales graves en los que estén implicados agentes del Estado bajo la autoridad del Ministerio de Seguridad Pública, y para orientar a las fiscalías locales en estos casos.

El anuncio afirma que la creación de esta estructura «demuestra la importancia que el Comité Central del Partido concede a la justicia judicial, su firme voluntad de castigar la corrupción judicial y el sentido de la responsabilidad de la Fiscalía Suprema en su papel al servicio del Partido y de la construcción del Estado de derecho. Esto marca una nueva etapa en la profesionalización de las investigaciones judiciales.»

La Fiscalía Popular Suprema es el órgano rector del ministerio público en China. Se encarga de supervisar el sistema judicial y condena con regularidad los abusos de poder. El presidente Xi Jinping se ha comprometido a reducir la corrupción y a aumentar la transparencia en el sistema judicial.

Según la AFP, la creación de esta sección significa que China reconoce la existencia de casos de tortura y de detenciones arbitrarias en su sistema judicial, y promete combatir estas prácticas. El informe subraya que la justicia china es criticada desde hace tiempo por su opacidad, las desapariciones forzadas, la represión de los disidentes y las torturas. China siempre ha negado las acusaciones formuladas por la ONU y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en particular las relativas a los disidentes políticos y a las minorías.

Pese a un estricto control de los medios de comunicación, varios casos recientes de malos tratos a detenidos han causado una gran conmoción en la opinión pública.

En abril de 2024, según informa la AFP, Xing Yanjun, directivo de una empresa de juegos para móviles en Pekín, se habría suicidado tras más de cuatro meses de detención en Mongolia Interior. Estaba sometido a un régimen de vigilancia domiciliaria que permite a las autoridades detener a un sospechoso sin acusación formal, sin acceso a un abogado y, a veces, sin ningún contacto con el exterior.

En junio de 2025, varios responsables fueron procesados por haber torturado hasta la muerte a un sospechoso en 2022, mediante descargas eléctricas y tubos de plástico. En 2019, varios policías fueron condenados a prisión por haber hecho pasar hambre a un sospechoso y haberlo privado de sueño y de atención médica —el hombre cayó después en estado vegetativo—. La ley china prevé penas de hasta tres años de prisión por las confesiones obtenidas mediante tortura, con sanciones agravadas en caso de lesiones o de muerte.

Según el servicio francés de RFI, estos pocos casos revelados públicamente no son más que la punta del iceberg de un sistema judicial extremadamente opaco. Las Naciones Unidas han condenado en varias ocasiones la tortura, en particular contra los opositores políticos y las minorías como los tibetanos y los uigures.

Pekín sigue negando estas acusaciones. En los centros de detención chinos, las porras eléctricas, la privación de sueño y la «silla del tigre» —una silla metálica en la que se atan los brazos y las piernas de los presos en posiciones dolorosas— se utilizan habitualmente para interrogar o castigar. Los abogados que se atreven a denunciar estas prácticas —prohibidas, sin embargo, por la ley— son a menudo detenidos y torturados a su vez.

Además, China sigue siendo uno de los principales exportadores mundiales de equipos de tortura, alimentando así la represión en otros países.

Para comprender mejor la cronología de los acontecimientos relacionados con este caso, le invito a consultar una cronología detallada en la siguiente dirección:

https://fr.ECTHRwatch.org/chronologie/

Esta cronología ofrece una visión completa de las principales etapas y de la evolución del caso.